Manuel Lillo
Es una de las bases fundamentales de nuestro querido Estado liberal y democrático: la independencia de los jueces ante todo tipo de poder. La imparcialidad de los tribunales a la hora de tomar una decisión, sin dejarse llevar por las influencias de poder político y ni mucho menos penalizando o absolviendo a favor de intereses particulares. Y no vamos a negar que es una base totalmente justa, democrática e imprescindible si queremos vivir sobre unos pilares que nos garanticen derecho, libertad y ante todo justicia.
Pero a mi me produce risa desde hace ya tiempo. Y es que conforme lees la prensa te das cuenta de que esta base fundamental no es más que una farsa, el poder judicial no actúa con el fin de establecer justicia, sino que favorece a quien dirige. La última demostración la tenemos en el caso ANV (Acción Nacionalista Vasca), al que me dirigiré como EAE ya que es su nombre oficial (Eusko Abertzale Ekintza).
Desde la ilegalización de Batasuna declarada por el señor Garzón hace pocos años, gobierno y oposición se han cambiado los papeles y no han parado de pasarse la pelota los unos a los otros tratando de afirmar que PP o PSOE han sido los culpables de los asesinatos cometidos por ETA. Estando el PP en el gobierno con Aznar al frente, PP y PSOE firmaron un pacto por las “libertades” en el que mediante argumentos necios disfrazados de libertad concedida al pueblo vasco pero que, al fin y al cabo, mentiras, consiguieron ilegalizar a Batasuna y dejar al 20% de la población vasco - navarra sin representación parlamentaria. Este pacto se ha roto, según el PP, por culpa de un gobierno irresponsable que ha decidido incumplir lo prometido. ¿De verdad se ha roto ese pacto? Yo creo que no.
Una vez aprobada esta ilegalización, distintas plataformas políticas trataron de presentarse a las elecciones autonómicas en Euskadi y Navarra como fueron Sozialista Abertzaleak, inmediatamente ilegalizados. Ahora algo ha cambiado. EHAK fue aprobado en su día con el gobierno de Zapatero, y lo mismo está ocurriendo ahora con EAE. Rajoy y el PP en general exigen al gobierno que lo que ellos llaman ETA - Batasuna, en este caso, EAE, no se presente a las elecciones. Todo esto después de una investigación judicial llevada a cabo por Baltasar Garzón, que no ha llevado a ningún lugar y visto lo visto EAE podrá presentarse. Y digo yo. Después de que un juez “independiente” haya investigado esta candidatura y no haya dado nada en su contra, ¿quién es el señor Rajoy para exigirle al Presidente que ilegalice la plataforma? Y si el señor Presidente definitivamente quiere hacerlo, ¿qué podría hacer? ¿exigírselo al juez? ¿obligarle? ¿o es tan solo otra piedra de las que gobierno y oposición se tiran continuamente?
Lo que está claro es que en la anterior legislatura, gobernada por el PP, distintas plataformas políticas eran ilegalizadas continuamente, con tan solo demostrar que se era de la izquierda abertzale, automáticamente quedabas ilegalizado. Ahora parece que la cosa ha cambiado algo. Y digo parece porque realmente no ha cambiado nada. EAE se presenta después de una investigación judicial, de la cual no me creo nada, porque estoy seguro de que con el PP en el gobierno, EAE no habría podido presentarse. Pero Batasuna sigue sin poder tener representación. Y es muy grave que en una sociedad democrática un partido político esté ilegalizado o dependiendo de unos jueces que lo único que hacen es obedecer a los de arriba.
Muchos dirán con esto que el gobierno de Zapatero es permisivo y tolerante, pero no nos olvidemos de que un partido que representa al 20% de la población vasco - navarra sigue estando ilegalizado y sin representación ninguna. Dicen que ETA no puede presentarse a las elecciones, es decir, equiparan Batasuna con ETA. Yo he visto a muchos etarras en las cárceles, pero aun no he visto a Otegi, Permach o Barrena y ya es raro, porque tal y como funciona la justicia, a la mínima se les puede culpar de algo. Igual es que no son tan etarras. Igual es que tanto a PP como a PSOE les interesa que este partido siga siendo ilegal y los jueces obedecen. O cualquier cosa, quien sabe. Pero se da el caso de que tras las actuaciones judiciales se mueven distintos intereses.
5 comentarios:
El juez Baltasar Garzón ilegalizó Batasuna en base a lo siquiente: Un partido político recibe una serie de fondos -muchos- para que pueda ejercer su labor representativa y democrática. Si un partido político utiliza ese dinero que todos pagamos con nuestros impuestos para asesinar (porque es mas que sabido que gran parte de los miembros de ETA pertenecían a Batasuna), yo, como ciudadano, me niego a pagar las armas con las que desean destruir la democracia con mis impuestos. No apoyo la ley en su extensión, pero si la ilegalización de un partido que subvenciona la violencia. Pero lo peor no es esto,como bien dices algunos optan por "ilegalizar" a la totera... aún asi, cualquier movimiento de siglas es una tapadera para "blanquear" identidades políticas. No nos engañemos.
El Gobierno no puede obligar a Garzón a suspender temporalmente las actividades de ANV. Pero tampoco está en manos de un juez, según la Ley de Partidos, ilegalizar un partido.
Para ello el Gobierno y la Fiscalía General del Estado pueden instar a su ilegalización mediante una denuncia ante el Tribunal Supremo y éste decide. Es lo que no han querido hacer, recurriendo tan sólo cierto número de listas.
Otegui no es que no sea tan etarra. Lo que pasa es que ya tiene quien le paga las fianzas.
Bueno, ahí hay mucho de lo que hablar. Como me refiero en mi artículo, las decisiones judiciales en materia política, en mi opinión son más que sospechosas e influenciadas por los de arriba. Se ha demostrado que muchos miembros de la antigua Batasuna habían pertenecido a ETA, no que perteneciesen en el momento, lo cual tampoco me parece bien pero se supone que cuando alguien sale de la cárcel puede incluírse en partidos políticos y llevar su vida como un ciudadano normal, o es al menos eso lo que die la ley. ETA y Batasuna son evidentemente de ideologías similares, pero unos asesinan y otros no, aunque mucha gente diga que son lo mismo, yo sigo estando convencido de lo contrario y creo que, si no, al menos deberían estar en la cárcel toda esa gente llamada otegi, goroizelaia, barrena, permach. Y lo único que tienen es que les prohíben manifestarse, pero en la cárcel no están. Por último, en cuanto a lo que dices de las tapaderas, EHAK fue fundado varios años antes de que se ilegalizara Batasuna, es decir, no fue creado para substituirla, fue un partido independiente que luego, para sacar votos, se apuntó al rollo de somos la alternativa a la izquierda abertzale, al igual que ANV - EAE, fundada en 1930 y participando en las elecciones desde 1977
Y contestando al anónimo... Si es el gobierno quien debe denunciar la participación de ANV - EAE a los tribunales, es evidente que como trato de decir en el artículo, las decisiones judiciales están influenciadas por el gobierno y ya no por corrupción o por preferencia, sino porque el propio sistema está montado así, ¿porqué solo el gobierno puede denunciar la existencia de unos supuestos asesinos, como algunos les llaman, en las elecciones autonómicas?
Lo de las fianzas es otra historia. Un asesino no es absuelto por pagar una fianza, sería escandaloso. Un etarra, sea quien mata, quien esconde las armas o los asesinos, quien avisa, quien se chiva, quien no delata, cualquiera, por el simple hecho de pertenecer a la banda armada queda encarcelado porque se le aplica la ley antiterrorista, que no es ninguna tontería. Y los miembros de Batasuna, que según la ley de partidos son tan etarras como los de pasamontañas y txapela, no están encarcelados, salen de la cárcel pagando como si fusen la pantoja o un maltratador.
Estoy de acuerdo con el artículo aunque con algunos matices:
Es cierto que la independencia del poder judicial en España es inexistente (no porque lo creamos muchos, sino porque varias veces la ONU ha avisado a España por estar a niveles de republicas bananeras tipo Venezuela).
Pero cuando hablas de que la ley de partidos deja al 20% del electorado fuera estás olvidando que el sistema democrático debe establecer unos límites para defenderse de que organizaciones criminales se lucren con financiación estatal. La democracia defiende que existan partidos contrarios a la constitución (como ERC).
El pacto antiterrorista tiene muchas cláusulas, pero la más importante es que el gobierno no puede hacer ninguna política sin negociarla con el principal partido de la oposición. Una gran idea, ya que lo que se pretendía era acabar con el arma electoral que es el terrorismo y crear una política de estado fuerte que no variara según el signo político. Fue el propio Zapatero el que la propuso, aunque después ha demostrado lo contrario, no por su negociación con ETA (legal porque involucró al parlamento) sino porque meses antes ya había negociado con los terroristas. Eso significa que
fue el propio impulsor de este pacto el que luego intentó hacerse con los votos que lograría al acabar unilateralmente con el terrorismo etarra.
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