José Pedro Martínez
Los jóvenes de la sociedad española no pueden imaginar. Vivimos en el mismo sistema político desde que nacimos:
Pero, ¿y si no hiciese falta imaginar?, ¿y si, con tan solo agudizar un poco los sentidos, comprobásemos que la democracia y sus instituciones traicionan el principio fundamental de nuestro sistema -la soberanía popular-? Cualquier rescoldo de una dictadura puede parecer algo similar.
Lo que está ocurriendo en muchos ayuntamientos, especialmente en los levantinos, es que estas suposiciones se hacen realidad. Un atentado directo a los principios democráticos y ciudadanos: Los PGOU, o Planes Generales de Ordenación Urbana. Respaldados por los estatutos autonómicos (aprobados por los partidos que gobiernan en cada Comunidad), los Planes Generales son como un cheque en blanco otorgado a los ayuntamientos con los que modifican a su antojo el territorio urbano. En pocas palabras, es una carta blanca para que el señor alcalde de turno construya, destruya y venda su localidad al mejor postor. Da igual que se construyan miles de casas sobre suelos protegidos, parajes naturales o zonas de alto valor ecológico. Tampoco importa que se urbanice de manera desmedida e insostenible. Y mucho menos importa la opinión de los ciudadanos... y las consecuencias que dichos planes tengan sobre ellos.
Sigamos imaginando, o intentando hacerlo. Imaginemos que el equipo de gobierno de nuestra ciudad abandona cualquier acción con fines puramente lucrativos. Toda decisión estaría pensada para el bien de la ciudad y del ciudadano. ¿En qué medida una urbanización masiva de nuestro territorio puede ir acompañada de un progreso social? Aunque datos y estudios no lo avalan, tal vez estos planes sí sean un buen camino para mejorar la sociedad a nivel local. Pero siguen pasando por alto la opinión del pueblo. Y lo peor no es que se obre equivocadamente por el bien de la ciudadanía, sino que, sobre este pretexto, la información brilla por su ausencia. Solo con el paso de los años, de golpe y porrazo, nos topamos con una serie de problemas: sequía, delincuencia, subida de impuestos, viviendas cada vez más caras... Todo ello es consecuencia de malas decisiones, como los nefastos PGOU, amparados en leyes “democráticas” y, a la vez, autoritarias que no son consultadas y compartidas con quien realmente debería respaldarlas.
Por lo tanto, no se trata de una reivindicación ecológica. Nada más lejos. Es la exigencia de que se respeten y cumplan nuestros derechos democráticos esenciales: la eliminación de cualquier ley que no esté sujeta a la separación de poderes y el derecho a la información. Hoy ya contamos con GÉNESIS para ello.